Ni contigo, ni sin ti, mis males tienen remedio…

Ni contigo ni sin ti, mis males tienen remedio; contigo porque me matas, y sin ti porque me muero. Poéticas palabras de Antonio Machado que se transformaron luego en letra de una conocida copla que hizo famosa Emilio José.

Tal podría aplicarse a la Constitución de 1978 en relación con España y los españoles, en la actual coyuntura política. Y viene esto al caso porque quienes quieren destruir España arremeten contra la Constitución de 1978, mientras que los que pretenden defenderla, se agarran como a clavo ardiente a ella en una defensa numantina de la «Carta Magna». Esto es lógico, porque guste o no, la Constitución de 1978 es la ley vigente. Y por ello en su respeto y acatamiento, se basa el actual Estado de Derecho. De igual forma que fuera de ella se abre paso la anarquía y la revolución. Que es finalmente el objetivo de los enemigos de España. Enemigos internos y externos.

Pero estas verdades no deben ocultar la esencia del problema. El meollo de la cuestión, el nudo gordiano que es preciso desentrañar. Porque esa misma Constitución de 1978 que es la Ley, y como tal debe ser acatada, es el origen  del problema. Dándose así la absurda situación, de que debe invocarse como remedio el mismo virus que causa la dolencia. Es decir, que la solución del problema se busca en el mantenimiento del problema. Ciertamente es la cuadratura del círculo. Y debido a ello se ha elegido el sorprendente título. Porque en la actual situación, ni con la Constitución, ni sin ella, los males de España tienen remedio.

Pues bien, en estos momentos Rosa Díez, con una buena voluntad que le honra, ha puesto en marcha una plataforma ciudadana que ha llamado «UNIÓN 78» cuyo objetivo es frenar el proyecto rupturista de la unidad de España impulsado por Pedro Sánchez -con la inestimable colaboración de quienes pretenden acabar con ella- sin más razón ni motivo de que esos apoyos le resultan imprescindibles para mantenerse en la Moncloa.

En su cuenta de twiter Rosa Díez dice: No paran de llegar adhesiones a unión78.es La ciudadanía española está dispuesta a defender la integridad de sus derechos, dispuesta a salir a la calle para recuperar el espíritu del 78 y caminar junto a sus conciudadanos para defender la democracia. ¡¡Gracias!!

 Y aunque se eche de menos que en esa movilización que promueve, no cite de forma explícita la defensa de la unidad e integridad de España -junto a los derechos de sus ciudadanos- es un loable intento de enderezar un rumbo que lleva directamente, y sin remisión, la nave del Estado a la rompiente. Y al naufragio. Pero aún reconociéndole su buena intención, estas consideraciones deberían servir para que muchos españoles, de buena voluntad como ella (ha conseguido ya más de seis mil adhesiones) comprendan el sinsentido que resulta -ya se ha dicho- fiar la solución del problema en mantener la causa que lo ha generado. Más adelante volveremos a ello.

La Constitución de 1978 es el desenlace, el huevo de la serpiente, de la Transición. Transformación política cuya esencia fue la venta de la España Una, Grande y libre a sus enemigos -internos y externos- a cambio de que no cuestionaran la Corona. Hoy lógicamente la cuestionan, porque «Roma traditoribus non redere». De ahí que el término Transacción sea mucho más apropiado que el de Transición para definir el proceso de transformación política acaecida a la muerte de Franco. Proceso que no podía dar lugar a otra cosa que lo que está sucediendo: una involución hacia 1931. Se ha «vendido la moto» de «Transición» o «Transición a la democracia» como la transformación que experimentó España desde una dictadura a una democracia. Cuando en realidad fue la sustitución de un régimen de autoridad o autoritario, sustentado en una democracia orgánica, por una democracia inorgánica o «partitocracia» que finalmente ha dado lugar a la dictadura de los partidos políticos. Estas consideraciones se hallan expuestas por extenso, en  La Transición ¿Reforma o Ruptura?  (AQUÍ)y en “La Memoria Histórica: Una ley iconoclasta y cainita” (AQUÍ)

Pues bien, esta serpiente a la que por estulticia, complicidad, e inaudita cobardía, se la ha estado alimentado y permitido crecer, se pretende ahora confinarla en el interior de la cáscara, ya vacía, del huevo que la contuvo. Como procedimiento para resolver el problema creado por esa misma Constitución que es su  matriz. Vamos a recordarlo brevemente. A la muerte de Franco era evidente que el Régimen debía evolucionar. Y no solo lo pensaba así la mayor parte de los españoles que constituían el llamado «franquismo sociológico» sino que también contaba con ello el propio Franco. Y era lógico. Volver a la «España de Franco» tras su muerte, era imposible de toda imposibilidad. Y no sólo porque la historia de los pueblos, al igual que los ríos, no puede fluir hacia atrás, sino porque estadistas geniales como el Caudillo surgen uno cada cinco siglos. Y desde luego no era el caso de quien iba a tener en sus manos, a partir de entonces, los designios de España. La reforma del Régimen era necesaria y conveniente, y así lo entendieron los españoles, cuando se sometió a votación la «Ley de la Reforma Política». Sin embargo tal plebiscito supuso una descomunal estafa. Pues se reforma lo que se quiere conservar, y ya se había pactado con los enemigos de España -que eran los mismos que los de Franco, como tan acertadamente nos apercibió en su mensaje póstumo- la demolición, desde sus cimientos, de un sistema político que, además de haber dado casi cuarenta años de paz y prosperidad a España, había sido capaz de lograr -con sangre, sudor y lágrimas- redimirla de su atraso secular, volviendo los ojos a su pasado más glorioso.

Y a partir de aquí todo fueron irregularidades. Con maquiavélicas trampas que se exponen (a confesión de parte, relevo de pruebas) en el libro «Lo que el Rey me ha pedido» de Torcuato Fernández Miranda, se inició un proceso constituyente que estaba taxativamente excluido en la Ley Para la Reforma Política. Lo que justifica sobradamente el llamar estafa al proceso. Por mucho que quiera blanquearse con la justificación de que fue «de la ley a la ley».

Por ello, tildar de «Transacción» a la transformación política acaecida a la muerte de Franco, no es una exageración.

La consecuencia de tal estafa no podía ser otra cosa que la Constitución de 1978. Origen de nuestros males. Antes se ha dicho que la historia de los pueblos, como los ríos, no puede fluir hacia atrás. Pero en ambos casos, cuando un desmadre ha causado una catástrofe, es obligado adoptar medidas de contención para que no pueda volver a repetirse el drama. Construyendo para ello diques. Incluso efectuando una corrección definitiva, desviando el cauce por el que corren los ríos -o discurre la historia de los pueblos- para que no vuelva a repetirse el desmadre. Y con él tenga lugar una nueva catástrofe.

Esto es tan cierto, como el hecho de que, demoliendo la obra que conjuraba el peligro, se sentaban sentando las bases para que, tarde o temprano, se reprodujera la tragedia. Y esto es precisamente lo que está sucediendo en España al demoler la obra de Franco sustituyendo -fraudulentamente, es preciso insistir en ello- la Constitución de 1966 que compendiaba Los Principios del Movimiento Nacional y las Leyes Fundamentales del Reino por la Constitución de 1978. En definitiva, cambiando la necesaria REFORMA DEMOCRÁTICA que demandó el pueblo español al votar «SI» a la ley de la reforma política, por la RUPTURA que exigía la ínfima minoría de una  izquierda antifranquista y antiespañola. Tal hecho conforma una vil estafa política de la que ha sido víctima el pueblo español.

Aunque la «propaganda constitucional» insiste machaconamente en la idea de «La Constitución que nos hemos dado la inmensa mayoría de los españoles» no es cierta esa unanimidad. Así como la ley para la reforma política, si fue votada mayoritariamente por el pueblo español («llevado al huerto» en su buena fe cabría decirse) la Constitución de 1978 no tuvo ni mucho menos el consenso de una mayoría cualificada que, según todos los constitucionalistas, debe exigirse para transformaciones políticas de gran calado e irreversibles. Como era el caso de abolir la Constitución de 1966 para sustituirla por la vigente de 1978. La izquierda propugnó la abstención, porque promover el «NO» hubiera significado pedir que se perpetuara el vigente sistema político que ellos pretendían destruir.

Veamos en cifras estas realidades y comparemos la diferente respuesta de los electores en el plebiscito para aprobar la Ley de la Reforma Política y en el de la Constitución

Ley para la Reforma Política: Votó el 78% del censo. De los votos emitidos, el 94%  SI y el  6% NO

Constitución: Votó el  67% del censo. De los votos emitidos, 87% SI  y  23% NO

Así pues la Constitución de 1978 recibió el apoyo del 58,29% del censo electoral, es decir, fue votada por poco más de la mitad de los españoles. Lejos de esa “mayoría cualificada” que en todas las democracias se exige para la aprobación de consultas que tengan una gran trascendencia política.

Y si tenemos en cuenta que los líderes de los partidos de izquierda, pidieron la abstención por la razón que ya se ha apuntado, concluiremos que en ese 33% que no ejerció el voto, debemos incluir, además de aquellos que por una razón u otra no pudieran hacerlo, a los electores de izquierdas que obedecían lo propugnado por sus líderes de abstenerse, y a aquellos otros que sin ser de izquierdas se les daba una higa el nuevo futuro político que pretendía instaurarse. Porque aunque según la propaganda les iban “a restituir las libertades”  esas “libertades” ciertamente nunca las habían echado en falta durante el Régimen de Franco. Y  por ello “pasaban” del “habla pueblo habla”

Por el contrario, ese 23% que votó negativamente, pertenecía en su mayoría a los pocos que, por haberse leído el proyecto de constitución, comprendían que su aprobación significaba la demolición desde sus cimientos del Régimen de Franco surgido el 1º de abril de 1939. Régimen que había redimido a España de un atraso de casi tres siglos, superando además definitivamente el cáncer de las Guerras Carlistas. Guerras dinásticas al fin y al cabo. Se trataba de superar un periodo histórico iniciado en 1700 con otra guerra dinástica -la Guerra de Sucesión-  y que había culminado en los albores del siglo XX tras dos siglos nefastos. Siglos en los que España perdió su esencia, pasando a ser una colonia de Francia durante todo el siglo XVIII (en virtud de los «Pactos de Familia») para luego desangrarse en el XIX. Primero con la Guerra de la Independencia -también por cierto responsabilidad de la Dinastía- y posteriormente por el cáncer de las tres Guerras Carlistas, cuya metástasis condujo a la Guerra de Liberación, que muchos historiadores consideran una cuarta guerra Carlista. Periodo de doscientos años en los cuales España había pasado de ser un imperio «donde no se ponía el sol» a ser un «ocaso permanente».  Del que lo había redimido precisamente el régimen de Franco. Y representaba la esperanza en un nuevo amanecer.

Primera página de la Constitución de 1978

Primera página de la constitución de 1978

Ya se ha hecho referencia a la Ley Para la Reforma Política calificándola de estafa, y explicando el porqué. Ahora veamos someramente la razón de asimilar la Constitución de 1978 con «el huevo de la serpiente». Porque en su interior, con dolo manifiesto, estaban presentes potencialmente los peligros que ahora arrostramos. Cuando en la Carta Magna, en su artículo 4-1 se define la bandera de España, se hace referencia únicamente a sus colores, pero no al escudo. No fue un olvido. Pues aunque en la primera página de la Constitución figura el escudo de la España Una, Grande y Libre, se obvió su presencia en el texto legal, con la intención oculta de cambiarlo en cuanto fuera posible. Eran los «pactos secretos de la Transacción« urdidos por auténticos trileros de la política a espaldas del pueblo español. Sabedores de que si se hubiera propuesto la supresión de tal escudo de la bandera -no digamos su persecución como actualmente se hace- la votación del texto constitucional hubiera recibido un rotundo NO al evidenciarse de que no se trataba de la reforma política que había aprobado el pueblo español en referéndum -con la finalidad de armonizar la democracia orgánica del anterior Régimen con las democracias occidentales- sino que el «consenso constitucional» encubría una artera ruptura.

Igual puede decirse de otro ponzoñoso «huevo de serpiente» introducido nada menos que en el Art. 2 del Título Preliminar; cuando consagra el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. No hace falta ser muy inteligente para entender que, si unos españoles pertenecen a una «Nacionalidad»  y otros a una «Región», lo dispuesto en el Art. 14 del capítulo segundo de la CE «Los españoles son iguales ante la ley» es papel mojado. Una contradicción en sus propios términos. O por decirlo en términos coloquiales, una «milonga». Pero además, por si fueran pocas las bombas de relojería que introduce la Constitución en la santabárbara del Sistema, por debilidad, estulticia y cobardía se ha ido permitiendo que sistemáticamente las comunidades hayan ido desbordando el cauce constitucional. Cabe pensar si el sistema electoral que lo ha propiciado, al precisarse del apoyo de las minorías para poder gobernar, es consecuencia de la incompetencia de los Padres de la Constitución. O se trata de una calculada táctica para alcanzar los objetivos fijados en los «pactos ocultos».

Y hagamos referencia a una última consideración: Si la Constitución hubiera permitido que cada autonomía y/o nacionalidad tuviera su propio ejército, estaríamos ya como en la edad media, con enfrentamientos por la delimitación de fronteras, los derechos de paso, o el aprovechamiento de las aguas en los ríos compartidos. El «Estado de las Autonomías» haría tiempo que sería un trasunto de las Repúblicas Balcánicas con sus sangrientos contenciosos. Algo que puede suceder a largo o medio plazo si no se embrida a tiempo el dislate de las Autonomías. Pero prestemos atención a un hecho inquietante: La Constitución no permite los «ejércitos autonómicos» (de hecho el Art. 8 es lo único sólido de la Carta Magna, y por ello la obsesión en desnaturalizarlo) pero ha dejado la enseñanza en manos de las «Comunidades» y «Nacionalidades»

Resulta evidente que en un régimen democrático, donde la fuerza de las armas está sustituida por la fuerza de los votos, es cuestión de tiempo (una generación más, según lo ha estimado  «la gogó del Llobregat») que de forma democrática se consiga alterar la estructura del Estado. Máxime cuando este hace dejación de su autoridad, obviando el cumplimiento de las misiones que corresponden a la Alta Inspección del Estado en materia de enseñanza.

Aunque obviamente no voy a secundar la iniciativa de la valiente Rosa Díez y su Unión 78, de corazón le deseo mucho éxito. Pero me permito recordarle que la resolución de un problema, y en mayor medida cuanto más grave es, necesita imperiosamente analizar su génesis y su evolución. Por ello, mientras busque solventar el problema de la Unidad de España en la Constitución de 1978 -que es origen del problema- el remedio, en caso de hallarlo, resultará forzosamente paliativo. Pues cerrará en falso la herida sobre una infección, que pronto volverá a supurar bajo la costra de la falsa cicatriz.

Es preciso pues ir al origen de la infección, saneando primero la herida, como paso previo para acometer luego la Transición a la Democracia que debió hacerse y no se hizo. Para ello se debe empezar exigiendo que, mediante otro simple Real Decreto (como se hizo para eliminar de la bandera de España el escudo del águila de San Juan mediante el RD 2964/1981 de 5 de octubre) se restituya sobre la bandera del Art. 4-1 de la CE el escudo que figura en su primera página. Recuperando así una bandera que fue «constitucional» durante tres años (desde el 6/12/1978 al 5/10/1981) y cuyo escudo sigue figurando en la primera página de la Constitución. Aunque de forma torticera se esté sustituyendo en las imágenes de la primera página de la Constitución, que aparecen en los medios de comunicación social, por el escudo que fija el RD 2964/1981. Mientras  que el verdadero escudo con el águila de San Juan, que ennoblece la primera página de la Carta Magna, es perseguido con inaudita saña.

Otra muestra de una descomunal estafa. La torticera manipulación del escudo que aparece en la primera página de la Constitución de 1978 (Ley de leyes) por el que establece un simple Real Decreto de rango inferior

Otra muestra de una descomunal estafa. La torticera manipulación del escudo que aparece en la primera página de la Constitución de 1978 (Ley de leyes) por el que establece un simple Real Decreto de rango inferior

No debemos olvidar además que el escudo de la España Una, Grande y Libre representó también la legalidad de la Constitución de 1966 refrendada por el pueblo español y reconocida por toda la comunidad internacional. Una legalidad que es  matriz de la actual. Puesto que la transformación se hizo «de la ley a la ley».

 

Y esta restitución de la bandera con el águila de San Juan que se propone, es de  la mayor importancia -importancia esencial, cabría decirse- porque solamente restituyendo una bandera que en su escudo proclama inequívocamente que España es UNA GRANDE y LIBRE, adquiere la fuerza necesaria la vigente Carta Magna. Tanto al proclamar que «La Constitución se fundamenta en las indisoluble UNIDAD de la Nación española» en su Art. 2   como cuando establece en el Art. 1-2 que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado al ser la LIBERTAD la esencia de esa soberanía que proclama la CE.

Y finalmente teniendo presente que el adjetivo GRANDE proclama la GRANDEZA de una historia compartida.

Realmente la Constitución de 1978 ha sido abolida, de hecho, por la infame ley 52/2007 “de la revancha histórica” que entró en vigor, sancionada de su real mano, por S.M. Juan Carlos I. En un inaudito suicidio institucional de la Corona.

Pues al declarar fuera de la ley el Régimen surgido el 1º de Abril de 1939, y el símbolo que lo representaba, se ilegalizaba no solamente el Régimen de Franco, la Transición y la Corona, sino también la propia Constitución de 1978. Estableciendo de facto que la legalidad actual solamente puede radicar en el Régimen surgido merced al golpe de estado del 14 de abril de 1931.

Efectivamente, al poner fuera de la ley el “franquismo” se está aboliendo también la ley franquista de 20 de diciembre de 1938, mediante la que se derogaba el Decreto de las Cortes Constituyentes de la Segunda República, de 26 de noviembre de 1931 firmado por Manuel Azaña. Que así recuperaba todo su vigor como norma vigente.

Porque en el citado decreto de la Cortes Constituyentes de la República, se establece que el Rey Alfonso XIII queda privado de paz jurídica, pudiendo ser detenido por cualquier español si penetrase en territorio nacional. Y también lo declaraba degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, que no podrá ostentar legalmente. De los que se le declara decaído sin que pueda reivindicarlos jamás, para él ni para sus sucesores.

Este es el único, verdadero y oculto designio de la infame ley 52/2007. Un verdadero rejón con el que se pretende apuntillar a la Corona y a la España constitucional. Y que ahora se quiere “perfeccionar” con el nuevo proyecto de una “ley de memoria democrática”.  Con ella se pretende además, dar una nueva y definitiva vuelta de tuerca al garrote vil con el que se quiere ajusticiar, ochenta y cuatro años después, a Franco y al franquismo…. tras haber profanado ya su obra, su memoria y hasta su sepultura.

Por ello la más urgente iniciativa de quienes pretenden buscar la solución a los actuales problemas de España en la constitución de 1978 -como es el caso de Rosa Díez y su Unión 98- es promover la inmediata abolición de la infame ley 52/2007 y la restitución de la verdadera bandera constitucional de España, que amparó la legalidad del proceso constituyente y representó esa legalidad durante tres años.

Una Bandera perfectamente Constitucional. Sobre los colores definidos en la Carta Magna, el escudo de su primera página

Legalidad Constitucional de 1978, que resultó “tocada del ala” con la entrada en vigor del RD. 2964/1981 de 5 de octubre por el que se modificó el escudo de la bandera. Y ha sido definitivamente abatida por la iconoclasta y cainita ley 52/2007 de la revancha histórica.

Bandera actual o vigente, en la que se modificó, mediante un simple real decreto (RD 2964/1981 de 5 de octubre, que puede revertirse fácilmente con otro RD) la bandera de España que representaba la legalidad institucional que alumbró la Constitución de 1978. Y que por ser la propia bandera de la Constitución durante tres años sigue ennobleciendo su primera página.

Una consideración final.

Al haber demolido los sólidos cimientos sobre los que debería descansar el actual régimen constitucional, se ha edificado sobre arenas movedizas. Que ahora amenazan con la ruina del edificio. Así pues, la imprescindible y urgente tarea de consolidarlo, pasa necesariamente por volver a ese terreno firme, a esos cimientos sólidos, que por imprudencia, estulticia o maldad, fueron demolidos. Y sobre esos cimientos, con la lección aprendida, edificar ex novo, en una nueva Transición a la Democracia, un robusto edificio que imperiosamente, y como primera medida, deberá recuperar los que debieron ser tres pilares inamovibles. Porque garantizaban la solidez del Estado.

Pilares que precisamente por ello figuraban en el escudo de su bandera, proclamando que España era Una, Grande y Libre.

De no hacerse así, de seguir buscando la quimera  de una  «solución constitucional» a un problema que es sistémico de la propia Constitución de 1978, tendremos que seguir diciendo, al parafrasear la copla de Emilio José  en relación con España y su Carta Magna:

Ni contigo ni sin ti, tus males España tienen remedio.

Y tampoco estará de más el romance:

Rey Don Sancho, Rey don Sancho…. no dirás que no te aviso


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